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La justicia lo castiga 40.000 euros en costas tras perder por tercera vez un juicio

Kiko Hernández siempre se ha enorgullecido de ganar todos los casos en los que se ha visto envuelto en su vida profesional. Hasta ahora.

El empleado de “Sálvame” tendrá que pagar 40.000 euros de gastos por una demanda que ha presentado por su cuenta y la ley, en esta ocasión, le cerró la puerta en la cara. Y lo más interesante de todo, la demanda era sobre lo que Kiko siempre quiso ocultar: ¿realmente tenía cáncer de páncreas?

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Mascarillas para todos!!! #salvame

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Kiko Hernández presentó una demanda para proteger sus derechos al honor y a la privacidad después de ver la publicación de un artículo criticándolo por mentir cuando afirmaba tener cáncer de páncreas. Según lo publicado por Periodista Digital (y se hizo eco en la propia frase), una amiga de Kiko Hernández dijo que ella lo inventó.

Como indemnización, Hernández reclamó no menos de 100.000 euros, reclamación que fue rechazada por el juez de instrucción, luego por la Audiencia Provincial y finalmente por el propio Tribunal Supremo.

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#laúltimacena

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El Tribunal Supremo dictaminó que el periodista “Antonio de la Española” (“Prnoticias”) no había violado sus derechos al publicar, entre otras cosas, que Kiko mentía porque nunca había tenido cáncer de páncreas. Y que, por lo tanto, debía pagar todos los gastos ocasionados por sus créditos que superaran los 40.000 euros.

La defensa del periodista, encabezada por el Despacho Díaz Aparicio, se opuso a la declaración porque el presentador del talk-show suele exponer su vida privada a la opinión pública, habiendo demostrado que fue el colaborador de Tele 5 quien difundió información falsa sobre su supuesta enfermedad, un cáncer de páncreas inventado, lo que también provocó la crítica de la Asociación Española contra el Cáncer por bromear frívolamente con una enfermedad tan grave.

Díaz Aparicio destacó la exposición que hace Kiko Hernández ante las cámaras, sometiéndose también a la prueba de cámara y revelando su intimidad incluso sexual, lo que le obliga a soportar la opinión de los demás porque es más criticable.

Finalmente, el Tribunal Supremo lo ha aprobado, estableciendo la jurisprudencia sobre la obligación de los personajes públicos de apoyar las opiniones de los demás.

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